lunes, 12 de mayo de 2008

La primera medida de castigo para menores delincuentes




Los trabajos para la comunidad se convierten en la primera medida de castigo a menores delincuentes
Los jueces dictaron el año pasado 427 sentencias en las que los infractores se comprometían a reparar daños o a ayudar en geriátricos y centros sanitarios Fiscales y técnicos respaldan esta sanción al considerarla educativa


Cuando causan daños en un instituto, ayudan a repararlos.Estos son algunos de los trabajos en beneficio de la comunidad con los que se castiga a los menores que han cometido una falta o un delito. Jueces y fiscales apuestan cada día más por este tipo de medidas hasta el punto de que, en el último año, ha sido la que más veces se ha impuesto en la provincia de Málaga.Según la memoria anual de la Fiscalía de Menores, en 2006 se registraron 427 sentencias que condenaban a la prestación de servicios en beneficio de la comunidad (PSBC), frente a 407 libertades vigiladas. A estas dos medidas, que son las más livianas, le sigue el internamiento en centros de reforma, con 152 casos durante el año pasado.Primera medidaHasta los propios fiscales de Menores se muestran sorprendido al comprobar que las PSBC se han convertido en la primera medida solicitada por el Ministerio Público y adoptada por los jueces, ya que, asegura, tradicionalmente ha sido la segunda por detrás de la libertad vigilada.En la Fiscalía explican que los trabajos en beneficio de la comunidad requieren siempre el consentimiento de los menores infractores, que suelen ser «receptivos» a la hora de aceptar las tareas que les imponen para saldar sus 'deudas pendientes' con la Justicia.Los profesionales de los equipos técnicos de la Fiscalía, que están compuestos por un psicólogo, un trabajador social y un educador, consideran que esta medida cumple un doble fin: sancionador y educativo. «Aprenden que sus actos tienen consecuencias, y que deben acatarlas», asevera la trabajadora social Mercedes Carvajal.En primer término, son estos equipos técnicos los que realizan un estudio del expediente, con todo lo que rodea al menor, y proponen una medida a los fiscales, quienes a su vez concretan el castigo que consideran adecuado y elevan su petición de sanción a los jueces. Familias normales«Los servicios en beneficio de la comunidad son muy eficaces con niños que tienen una situación familiar normalizada, sin factores de riesgo», apunta la trabajadora social, «y cuando las infracciones que han cometido constituyen hechos aislados».A continuación, para establecer el tipo de 'castigo', hay que tener en cuenta otros factores. Para empezar, las faltas pueden ser sancionadas con un máximo de 50 horas de trabajos para la comunidad -la media suele ser de 30- y los delitos, con 200 horas de servicio.«También hay que considerar el tipo de infracción para acordar unos trabajos acordes a ésta« apunta un fiscal de Reforma, «de manera que sean, además de sancionadores, educativos». La trabajadora social desarrolla esta idea: «Las actividades deben estar relacionadas con las consecuencias negativas de su comportamiento».Entre ambos enumeran una serie de ejemplos. En un caso de lesiones o de accidente de tráfico, los servicios en hospitales o en Cruz Roja son los más adecuados para que aprendan a sensibilizarse con lo que les ocurre a las víctimas. Cuando se les acusa de daños al mobiliario, la medida más eficaz puede ser el trabajo en jardinería o mantenimiento.No obstante, los servicios para la comunidad están supeditados a los convenios suscritos con las entidades de la localidad donde vive el menor. «Si el infractor reside en un pueblo pequeño, se intenta evitar en todo momento que tenga que desplazarse a cualquier otro sitio para cumplir la medida, por lo que se busca adaptarla a sus posibilidades.

Un centro de menores desde dentro.



2 días en un centro de menores: Motín, fuga y torturas. Informe de una experiencia desde dentro.En la cuarta planta hay 3 celdas de aislamiento que no están terminadas. Una no tiene puerta y las otras 2 tienen ventana pero sin cristal, aunque sí con rejas metálicas. Se intenta proteger a los menores del frío con una manta de lana que cubre la ventana.
Experiencia en el centro de terapia para menores La Jarosa (Madrid)

En el centro hay 13 plazas, y en espera de nuevas incorporaciones actualmente están alojados 7 menores:

Espacios.
El centro tiene 4 plantas de aproximadamente 80 metros cuadrados cada una.En la planta baja se sitúan un aula-comedor de unos 20 metros cuadrados, con 4 mesas de madera y algunas sillas de plástico y metal. Éste aula da a un patio de unos 20 metros cuadrados, pero el acceso está cerrado por unas rejas metálicas. Los educadores informan de que no se permite a los menores el acceso al patio porque "podrían fugarse". Hay una segunda habitación con una ventana enrejada que da a la calle y una cocina. En esta planta, al igual que en las otras 3, hay cuartos de baño y duchas.
La segunda planta está dedicada a uso del personal. Hay un despacho para la psicóloga, otro para el director, un tercero para la subdirectora, y un espacio de uso para los educadores, donde se guardan además los objetos personales de los menores, el botiquín, etc.
La tercera planta constituye el alojamiento de los menores. Hay varias habitaciones con literas metálicas. Actualmente cada menor tiene una habitación propia. El único mobiliario es un armario empotrado y en algunos casos una pequeña mesa de madera. No hay ninguna decoración. Las habitaciones no tienen puerta o de haberla está rota con un gran boquete en su parte central y no se puede cerrar.
En la cuarta planta hay 3 celdas de aislamiento que no están terminadas. Una no tiene puerta y las otras 2 tienen ventana pero sin cristal, aunque sí con rejas metálicas. Se intenta proteger a los menores del frío con una manta de lana que cubre la ventana. Como único mobiliario en estas celdas hay una cama de metal y un colchón. No se permite el acceso de ningún elemento o utensilio a las celdas de aislamiento.
El centro no está prácticamente ventilado, pues está prohibido abrir las ventanas. Esto da al espacio un olor desagradable.
No hay elementos de ocio al alcance de los menores. No hay televisión o aparatos musicales. Tampoco hay ningún elemento deportivo o juguetes. Sí hay algunos juegos de mesa, pero su uso está prohibido actualmente. Los menores también tienen aparatos musicales de su propiedad, pero no se les permite su uso.
Situación de los menores
En el momento de acceder al centro, Álvaro se encuentra en una de las celdas de aislamiento en construcción (sí tiene puerta pero el cristal de la ventana está sustituido por una manta). Sonia, una educadora, informa de que el menor ha sido sedado introduciendo medicamentos en su comida y permanece dormido. Cumple 24 horas de aislamiento como sanción por haber agredido a uno de sus compañeros.
Miguel se encuentra en la segunda celda de aislamiento y se informa de que cumple una sanción de una hora y media diaria por "mal comportamiento". Miguel no está sedado y da golpes a la puerta, por lo que se le sanciona con media hora más de aislamiento.
Las educadoras informan de que ninguno de los menores ha realizado actividad deportiva alguna a lo largo del día, ya que éstas han sido prohibidas por el centro debido al "mal comportamiento de los menores" en semanas anteriores. Tampoco está permitido cantar o bailar bajo pena de sanción. A este respecto las educadoras tienen una actitud contradictoria, pues en ocasiones lo permiten y en ocasiones no.
Las únicas actividades planificadas para la tarde son la merienda y la construcción de un fuerte romano de cartón.
Los menores se encuentran muy nerviosos, a pesar de estar todos medicados con ansiolíticos, según informan las educadoras.
Hay constantes muestras de violencia verbal, tanto por parte de los menores como por parte del personal de seguridad y las educadoras. Ruth, supuestamente en broma, llama repetidas veces a José "pequeño gordo cabrón".
Los menores amenazan, también supuestamente en broma, con matar o golpear al personal.
La alimentación de los menores es de muy baja calidad. La primera noche se les proporciona alrededor de 50 gr de judías verdes y una barritas de "merluza" empanada consistentes fundamentalmente en harina de trigo y aceite. La segunda noche se les proporciona un revuelto de verduras que está quemado y un pequeño filete de pollo empanado.
La primera tarde en el centro se produce un motín y 3 menores se fugan.
El motín comienza cuando Miguel, un chico comienza a pedir que se le deje utilizar su mp3, a lo que las educadoras responden que está prohibido el uso de objetos personales en el centro por un tiempo indeterminado. Miguel comienza a gritar y las educadoras le sancionan con ir a su habitación media hora. El menor se niega y un guarda de seguridad intenta forzarle a subir. Los otros menores reaccionan también gritando y golpeando las mesas con las sillas. Miguel se pone nervioso y los guardas intentan subirle violentamente a una de las celdas de aislamiento. Entonces José acude en su ayuda y golpea a una de las educadoras y a la subdirectora, con lo que uno de los guardas de seguridad intenta reducirle. Los otros 3 menores gritan también y empujan a las educadoras pero en un momento dado se apartan y fuerzan la única ventana que no tiene rejas, situada en las escaleras entre la planta baja a la segunda y que da a la valla del patio. Arriesgando su integridad cruzan la valla y saltan al patio contiguo, desde el cual salen a la calle.


Agresiones a un menor
Tras producirse el motín y la fuga, los 2 menores que no están en aislamiento (Miguel y José) son forzados a permanecer en sus habitaciones. José se encuentra muy nervioso y los guardas de seguridad le tiran al suelo cuando intenta bajar a la planta baja. No tienen conocimientos suficientes para reducir al menor sin dolor y le tumban boca arriba en el suelo, le retuercen los brazos y le sacuden hasta que logran inmovilizarle. Esta situación se produce aproximadamente 6 veces a lo largo de la tarde.
Una de las educadoras informa de que José lleva un tiempo negándose a tomar medicación alguna. Se le introduce disuelta en el "colacao" que se ofrece al caer la noche sin informarle de ello.


Regreso de 2 de los menores fugados
El segundo día por la noche la policía trae a Edu y Nicolae al centro. Al parecer han sido detenidos tras entrar a robar comida en una gasolinera.Edu muestra evidentes síntomas de embriaguez, y afirma que
está "endisolventao". (intoxicación por disolventes)Al llegar al centro, los menores son desnudados y obligados a hacer flexiones en presencia de un educador y un guardia de seguridad.
Como sanción por la fuga, los menores permanecerán 48 horas en las celdas de aislamiento.
Se introducen sedantes en la comida de los menores, sin que haya prescripción médica y sin conocer exactamente qué sustancias han consumido durante su estancia en el exterior, con evidente riesgo para su salud.


Conclusiones
La situación de este centro es consecuencia de una filosofía del tratamiento psicológico y psiquiátrico que no cuenta en la actualidad con ningún aval científico o académico.
Se mantiene a menores de edad en celdas de aislamiento, medicados contra su voluntad y sin supervisión facultativa durante periodos de hasta 48 horas, puede que en ocasiones superiores.
Los menores que permanecen en el centro no tienen acceso a ningún espacio al aire libre (sea el patio o la calle) durante periodos que pueden ir desde 24 horas a varias semanas.
Los menores no realizan actividad deportiva alguna por periodos que pueden ir desde 24 horas hasta varias semanas. No pudiendo correr, saltar o ejercitarse de modo alguno, esto genera un estado de ansiedad muy elevado.
Las actividades lúdicas son impedidas por periodos que pueden ir desde 24 horas a varios días, justificándose esta prohibición en supuestas acciones contra la norma. Esto genera también una situación de constante tensión entre los menores y el personal del centro.
El personal de seguridad no tiene formación suficiente para reducir a los menores sin dolor, y de hecho son frecuentes las agresiones. Actualmente Álvaro está envuelto en un proceso judicial contra un guarda que le dejó inconsciente y le tiró por las escaleras de un puñetazo en la cara.
Los menores no están escolarizados, o acuden de forma muy irregular a centros educativos. Los pocos talleres que se programan no son impartidos por personal capacitado para ello.
Los menores no tienen ningún espacio de intimidad, pues los cuartos donde duermen o no tienen puerta o ésta está rota. Tampoco pueden hablar entre ellos sin la presencia de un educador.
El personal del centro sufre una rotatividad permanente. Debido a las lamentables condiciones del centro, hay gran número de bajas psicológicas y ninguno de los educadores en activo lleva más de 6 meses en la institución, pues los altos niveles de estrés les llevan a solicitar la baja voluntaria pasado un breve periodo de tiempo. Esto priva a los menores de adultos de referencia.

Jornadas contra los centros de menores

Exiten movimientos y asiciaciones que se muestran contrarios a los centros de menores, considerandolos una cárcelespara los niños

Este articulo anonimo ha sido extraido de la pagina http://www.alasbarricadas.org/noticias/?q=node/5222
¿Qué esta pasando en los centros de menores?
Existe una realidad en nuestras calles, en nuestros barrios que no vemos, pero que está ahí; los centros de menores donde se encierra a chaval@s con la intención de “reinsertarles” en la sociedad y que no vuelvan a delinquir. Sin embargo y como sucede en la sociedad capitalista la realidad es muy distinta y es necesario actuar para recuperar nuestras vidas.
Si hacemos un repaso a lo que han sido las denominadas “políticas de integración” dirigidas a l@s chaval@s que las distintas administraciones y gobiernos han ido aplicando, vemos que se basan en un proceso de criminalización previo con la Ley de Responsabilidad Penal del Menor del año 2000 complementada con los reglamentos y reformas (la última del 2006) que han ido endureciendo con una nueva gama de sanciones la susodicha Ley. Tanto la Ley como las reformas responden al parecer a un aumento de la delincuencia infantil y juvenil. Sin embargo los datos dicen lo contrario. Así en 2004 la cifra de chavales que delinquieron fue de 24.309, mientras que en 2005 esta cifra desciende hasta 23.844. ¿Por qué entonces se endurecen las penas a menores? ¿No será que lo que se busca es ayudar a entidades privadas a que obtengan unos buenos dineros de la marginación y la desgracia? Porque sí, estos centros de menores, son gestionados por organismos privados, que sacan unos muy buenos dividendos del encierro de menores (según el último informe de la Asociación Pro-derechos Humanos de Andalucía, el estado da las ONG’s que gestionan estos centros 219 euros diarios por cada menor, unos 6500 euros al mes). Esta privatización también supone que existan reglamentos internos (redactados por estas asociaciones) de obligado cumplimiento y que pueden ir desde sancionar a alguien por mirar por la ventana, así como la posibilidad de atar a un menor a su cama como castigo.
Si hacemos un estudio sobre l@s menores que están en estos centros, vemos que en realidad lo que se castiga principalmente es la pobreza (pobreza que genera el sistema capitalista debido a su propio funcionamiento), ya que la mayoría vienen de familias con escasos recursos económicos. Además la mayoría de delitos cometidos por ést@s, tienen que ver con ataques a la propiedad, robos, menudeo con drogas, etc, siendo mínimo (un 1%) los de sangre. Además un 80% de l@s chaval@s suelen reincidir ya que son expulsad@s a la misma sociedad que les encerró. Es curioso ver que los mismos procesos que fomentan la violencia, fomentan la plaga emocional que grita reclamando castigos ejemplares. Esto nos lleva a otro efecto más perverso todavía, más cínico y más injusto: las medidas prevén agravar las penas de los reincidentes. Sin embargo, además de la constatación de que la reincidencia ha sido provocada por las mismas condiciones sociales que provocaron la situación inicial de “riesgo”, no debemos perder de vista que, puesto que el objetivo de la Ley era la “resocialización” y el sujeto reincide, ello significa que la Ley ha fracasado; pero quien paga el fracaso es el propio sujeto que se ve sometido a penas por “reincidencia”.

¿Pero qué es lo que pasa en el interior de esos muros?
Según las distintas informaciones publicadas que van conformando, valga la redundancia, la opinión pública (los medios están contribuyendo a la imagen de la infancia como un factor de riesgo para la sociedad), los centros de menores son lugares donde una serie de “profesionales” trabajan con l@s chaval@s para darles una vida mejor. Sin embargo en estos centros predomina el carácter de custodia sobre el educativo, se dificulta la integración en actividades sociales, en muchos no pueden salir al patio (algunos ni tienen), produciendo un deterioro de la conducta tanto más intenso cuanto más temprano es el internamiento y más largo el periodo de permanencia en el centro. En los que pueden salir al instituto, muchas veces l@s niñ@s son castigadas con la imposibilidad de ir durante días y a veces meses.
Los reglamentos permiten encerrar en celdas de aislamiento a l@s menores hasta un total de 10 días seguidos (esto a parte de toda una serie de sanciones que cuadriculan la vida del menor). Supuestamente, esto es ilegal, ya que la ONU prohíbe el aislamiento con menores, pero “saltarse” esta norma, en los centros lo que hacen es colocar una silla junto a la celda donde supuestamente siempre hay algún educador “supervisando” al menor.
Esto se complementa con la medicación a la que son sometid@s l@s menores para “contenerles” (muchas veces sin el consentimiento de sus padres, e incluso es habitual metérselos en el cola cao para que no se den cuenta). Entre un 80 y un 90% de l@s menores son obligados a consumir algún tipo de medicamentos. Tenemos que l@s chaval@s son medicados con neurolépticos (para los nervios), pero sin ningún diagnóstico de esquizofrenia en su inmensa mayoría. También se les proporciona ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos, en su mayoría por primera vez a partir de su entrada en estos centros y además no es mucho el tiempo que pasa para que empiecen a dárselos. Estos medicamentos les producen graves efectos secundarios a corto y largo plazo: embotamiento, afectividad aplanada, problemas psicomotrices, alucinaciones, depresión, espasmos musculares... además de generar adicción, lo que ha provocado que much@s chavales al salir estén con el mono. La medicación psiquiátrica se ha convertido en los últimos diez años en un negocio muy lucrativo (controlado por el lobby de las industrias farmacéuticas), que se suma al que reciben las empresas que gestionan el centro. ¿ Que pasaría si por ejemplo todo ese dinero fuera a parar a las familias de l@s menores? Como vemos detrás de las cárceles de menores hay muchos intereses ajenos a lo de dichos menores.
Además estos centros tiene denuncias por palizas, abusos y agresiones sexuales, abusos de poder, “suicidios” (la lista sería demasiado largo para poder explicitarla aquí)... Y aunque por parte de l@s trabajador@s en su gran mayoría se desmienten, dicen que ell@s no lo han visto (que van a decir si son l@s que realizan estas prácticas), sabemos, porque lo hemos sufrido, porque nos lo han contado otros menores, e incluso trabajadores que sí se atreven a hablar que todo esto es verdad y que sucede cotidianamente.
Tampoco nos queremos olvidar de la situación que supone que l@s menores en muchos casos son separados de su medio, porque son llevados a centros alejados de su entorno, así como de l@s inmigrantes que sin ser escuchad@s son retornados sin ningún tipo de garantías (muchas veces se les deja lejos de su ciudad de origen y sin avisar a nadie).
Todos estos argumentos no son más que pequeños ejemplos de una realidad con la que convivimos.

Menores en situaciones conflictivas



Desde hace varios años, menores en situaciones conflictivas conviven en centros de acogida. Inmigrantes,jóvenes, desempleados o problemáticos conviven durante meses. Con ellos, educadore, psicólogos, y profesionales que hacen las veces de padres y de madres

¿Hay suficientes centros de menores?

Colapso en los centros de menores (Huelva)
Sábado, 29/03/2008 - 10:38am



En la actualidad, Huelva cuenta con 22 centros y pisos de protección, que suman en total 245 plazas de las cuales 221 son concertadas y el resto tuteladas por la Junta de Andalucía. Este número de plazas se hace insuficiente, en relación a la cantidad de personas que solicitan los servicios de protección a menores, por lo que a día de hoy, las plazas ofertadas han sido cubiertas en un 95,9%, equivalente a 241 plazas de las 245 disponibles.

La Delegación de Igualdad de Huelva, es la encargada de tutelar a lxs menores que se encuentran en la provincia tanto si es de forma transitoria o cuando residen de forma permanente. Los trámites comienzan cuando la Junta de Andalucía inicia un expediente de protección, que a través de la Delegación provincial de Igualdad y Bienestar Social, lleva a cabo la localización del niño o la niña en situación de desamparo, evaluación de la situación de estx y puesta en marcha de las medidas correspondientes (acogimiento residencial o familiar).El acogimiento residencial es transitorio, ya que en último término lo que se pretende es el acogimiento de lxs niñxs por familias adoptivas o por la propia familia de origen. El problema se plantea, cuando las solicitudes de ingreso en estos centros sobrepasa la oferta.La inversión mínima que se está realizando, conlleva la situación que se vive actualmente, sin ahondar en la verdadera problemática social que se esconde tras estos casos de desamparo, abandono, etc. Que nos llevaría a plantear el problema desde una óptica, que indudablemente nos llevaría a evaluar al propio sistema, que genera situaciones de desestabilización de los núcleos familiares, en este caso con consecuencias inmediatas para lxs más pequeñxs. Es este mismo sistema el que se ve incapaz por despreocupación en la mayoría de los casos, ya que de medios no escasea, de poner solución, al menos a la estabilización de estas personas en situación de abandono.Es reseñable que la gran mayoría de los centros estén tutelados por organizaciones privadas (Cáritas Diocesana de Huelva, Obras Cristianas de Gibraleón, la fundación de ayuda a la infancia y juventud 'Santa María de Belén', los Hermanos Obreros de María, y las asociaciones 'Paz y Bien', 'Tierra nueva' y Mensajeros de la Paz-Andalucía), en contraposición de la única pública, que corresponde a la Diputación de Huelva.

Se multiplican las sanciones durante el 2006

Las sanciones penales contra menores se han multiplicado por 2,5 en un quinquenio
Las prestaciones en beneficio de la comunidad es el castigo más impuesto por los jueces
Y. MONTERO - San Sebastián - 09/08/2006



El número de medidas sancionadoras dictadas por los juzgados vascos contra menores de edad se ha multiplicado por 2,5 en el último quinquenio, pasando de las 411 que ordenaron en 2001 a las 1.054 que fallaron el pasado año. Las prestaciones en beneficio de la comunidad se sitúan a la cabeza de la lista de penas impuestas. Por detrás están la libertad vigilada y el internamiento. Este último caso responde, habitualmente, al delito de robo con violencia o intimidación, seguido de los casos de violencia familiar, según los datos del Departamento de Justicia.


En cinco años en Euskadi las medidas penales contra menores han aumentado en más del doble. ¿Significa esto que ha crecido la delincuencia entre quienes tienen menos de 18 años? "No puedo decir ni que sí ni que no", responde el director de Ejecución Penal de la consejería de Justicia, Xabier Etxebarria, no sin antes subrayar que en España en general existe "una carencia bastante importante de estudios criminológicos en comparación con los países anglosajones y nórdicos, donde tienen mucha más información sobre la realidad de la actividad delictiva".
De todas formas, Etxebarria apunta que una de las causas por las que ha subido el número de medidas sancionadoras es el cambio de la edad de responsabilidad penal dentro de la Ley del Menor. Hasta 2001 se situaba entre los 12 y los 16 años. A partir de ese momento se estableció entre los 14 y los 18. "La actividad delictiva en sendos tramos de edad no tiene nada que ver. La media de edad de comisión de un delito está en los 16-17 años", explica el director de Ejecución Penal del Gobierno vasco. "También cambia la gravedad del delito, porque el chaval de 14 años roba bicicletas y alguna moto, y el de 17 roba coches", añade.
Considera también, por la información que le transmiten los educadores y los técnicos, que en los últimos tiempos "se judicializan más los problemas" relacionados con los menores, es decir, que se denuncia más ante los juzgados y la Fiscalía, lo que se traduce en más medidas sancionadoras impuestas. Y pone un ejemplo: "Hace cinco años, una pelea en el patio de una escuela igual no se denunciaba, en cambio hoy puede que sí se haga".
Etxebarria realiza estos comentarios con un cuadro de datos delante, que recoge que en 2001 los jueces dictaron 411 medidas sancionadoras, frente a las 1.054 del pasado ejercicio. Durante el primer semestre de este año ya han ordenado 702.
Internamientos
La medida más aplicada contra los menores delincuentes es la de prestaciones en beneficio de la comunidad. Los jueces recurrieron a ella 506 veces el pasado año, frente a 123 hace cinco años. En los primeros seis meses de este ejercicio han optado por esta pena en 309 ocasiones.
En segundo lugar los jueces se decantan por la libertad vigilada: 135 sanciones en 2001; 201 en 2005 y 128 en el primer semestre de este año.
Le siguen los internamientos, que pueden ser en régimen cerrado, semiabierto o abierto. Los jueces dictaron 63 en el año 2001, cifra que se duplicó ampliamente el año pasado (137) y casi lo hace en los primeros seis meses de este ejercicio (118).
Otras medidas adoptadas son la obligación de llevar a cabo tareas socio-educativas (95 casos en 2005), la permanencia en un centro de internamiento durante el fin de semana (66), el tratamiento ambulatorio (33), la asistencia a un centro de día (12) y el acogimiento (4).
La mayor parte de los menores que cumplen la pena de internamiento ha cometido un delito de robo con fuerza, violencia o intimidación. Pero cada vez son más los jóvenes con menos de 18 años que han de ingresar en un centro acusados de ejercer la violencia en el seno de la familia. "No diría que han crecido estos delitos o que es un fenómeno nuevo, pero sí que han aumentado las denuncias en los juzgados", insiste el director de Ejecución Penal. "Creo que pasa lo mismo que con la violencia contra las mujeres. Se da una especie de efecto contagio", opina.
Euskadi cuenta con un centro de internamiento de gestión pública ubicado en Zumárraga y con 34 plazas. A él hay que añadir tres centros de gestión privada que suman 26 plazas y tres pisos también de gestión indirecta con 12 plazas. Etxebarria reconoce que los trabajadores del centro público disfrutan de mejores condiciones laborales que los de los centros privados, "una diferencia" que el Gobierno vasco trata de "corregir". En cualquier caso, defiende la formación y profesionalidad de todos los trabajadores.



El Pais

miércoles, 7 de mayo de 2008

Más centros de menores








Vizcaya prevé abrir este año un centro para menores conflictivos






La Diputación de Vizcaya pretende abrir para finales de año una instalación especial para acoger a los menores más conflictivos. El centro, con diez plazas, tendrá un carácter educativo "pero con medidas [de control] más intensivas". La Diputación mantendrá este verano un servicio diario de furgonetas entre Bilbao y el centro de menores de Loiu para evitar los altercados ocurridos en los autobuses públicos.
En poco más de una semana se han producido tres incidentes en los autobuses públicos de Vizcaya protagonizados por jóvenes de origen magrebí. El más grave, el pasado día 25, cuando un conductor fue acuchillado en Sestao por varios desconocidos. Dos días más tarde, un grupo de menores internados en el centro de Loiu agredieron a otro chófer. El último ocurrió el pasado sábado, cuando otros jóvenes magrebíes intentaron acceder al autocar de la línea Bilbao-Loiu (donde está el único centro de menores de Vizcaya) y uno de ellos esgrimió una navaja. El diputado foral de Acción Social, Juan María Aburto, precisó ayer que el agresor no "ha estado ni está" en la residencia de Loiu.
Aburto señaló que la presencia de un educador en el autobús (una de las medidas implantadas por la Diputación para evitar estos incidentes) evitó problemas más graves y dijo que hasta "el final del verano" la Diputación mantendrá un servicio diario de furgonetas para los ingresados en el centro de Loiu. Este vehículo circulará detrás del último autocar de cada jornada de la línea Bilbao-Loiu, cuyo uso está prohibido para los menores de Loiu.
Aburto reflexionó sobre esta situación, que la pasada semana provocó una huelga de un día en casi todos los autobuses vizcaínos y la exigencia de los sindicatos de medidas de protección en los vehículos, como cabinas de aislamiento para los conductores. "¿Dónde consta que el Departamento de Acción Social tenga que vigilar el transporte público?", se preguntó. "Se nos exige más que a las propias familias [de los menores] y además asumimos ese reto e intentamos poner medios". Aseguró que el centro especial para los menores conflictivos está "en fase de desarrollo del proyecto" y rehusó comentar su posible ubicación para evitar "la alarma social". Admitió que su puesta en marcha "no va a ser fácil", debido a que la legislación no tiene "el desarrollo que nos gustaría", pero señaló que la Ley del Menor permite estas instalaciones, como una ya en marcha en Oviedo visitada por los responsables forales. Recalcó que no será un reformatorio para los condenados por un delito.