Las mafias que utilizan a rumanos para robar en cajeros automáticos de la Comunitat Valenciana siguen haciendo gala de un sinfín de estratagemas para eludir la acción de la Justicia. A la ausencia de edad penal de los adolescentes y la imposibilidad de localizar a sus progenitores en la mayoría de los casos, se une ahora otra forma de actuar.
Los responsables de estas organizaciones delictivas se hacen pasar por familiares de los adolescentes para poder recogerlos así de los centros de menores en que se encuentran internados. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ya ha detectado varios de estos casos en Alicante y ha dado orden a las Fuerzas de Seguridad para tratar de identificar a los mafiosos, según confirman fuentes policiales y del propio ministerio público.
Los delincuentes aprovechan que la práctica totalidad de los menores van indocumentados para simular que son sus progenitores u otros familiares. Además, tal y como confirman desde la Fiscalía, muchos adolescentes tienen fijado como domicilio viviendas que comparten con multitud de compatriotas, "muchos con los mismos apellidos o parecidos". Esta circunstancia dificulta enormemente el que los responsables de los centros de menores puedan descubrir el engaño de los mafiosos.
Las fuentes policiales critican el "escaso control" que existe en los centros de protección. "En la mayoría de ellos la puerta está abierta y los adolescentes entran y salen a su antojo", asegura un policía local de un municipio de L’Horta. Pero el problema no radica tanto en la vigilancia existente en estos establecimientos como en la escasez de plazas de régimen cerrado –medida fijada por orden judicial, por lo que los niños no pueden abandonar el centro–, ya que casi todos los adolescentes interceptados por robos en cajeros acaban siendo destinados a centros de protección, donde sólo se les acoge y no se puede evitar que lo dejen en cualquier momento.
Este ha sido precisamente uno de los objetivos del encuentro mantenido a finales de septiembre entre la Fiscalía, Generalitat y responsables de las Fuerzas de Seguridad. La administración tiene ante sí el reto de garantizar la estancia de estos adolescentes en los centros y protegerlos así de las mafias. La fiscal coordinadora de menores, Teresa Gisbert, es partidaria de "otro tipo de centros" para atajar estas oleadas de asaltos. Tras la reunión, la creación de estas instalaciones quedó en manos de la Conselleria de Bienestar Social.
Pero no siempre son desconocidos quienes utilizan a los menores. Tanto la policía como los responsables del ministerio público son conscientes de que, muchas veces, los progenitores son quienes están detrás de las andanzas de sus pequeños.
El protocolo de actuación fijado por Fiscalía, Generalitat y Fuerzas de Seguridad se centra también en hacer hincapié en el castigo que puede recaer por "inducción a la delincuencia" sobre los padres.
De hecho, en 2001, una ciudadana rumana ya fue condenada con una pena de prisión por una circunstancia similar: mendigar junto a sus pequeños por las calles de Valencia. El método de actuación de los adolescentes rumanos es siempre similar. Abordan a los usuarios de los cajeros cuando estos se encuentran utilizando los mismos. Tienen preferencia por los situados en la vía pública, según las fuentes.
Los menores aguardan a que la víctima haya tecleado su número secreto. En ese instante, dos o tres adolescentes empiezan a moverse a su alrededor, bloqueándole la vista con algún periódico o folleto, o bien distrayendo su atención con la excusa de que piden limosna para una asociación caritativa.
Cuando las víctimas se disponen a huir con su tarjeta a salvo, no se percatan de que los niños han aprovechado para apretar una de las cantidades de extracción de efectivo, generalmente la más elevada –de 300 o 500 euros–, y huyen.
No es la primera oleada de delitos protagonizada por adolescentes de nacionalidad rumana. Hace meses, las terrazas del centro histórico de la capital fueron escenario de un sinfín de robos. Los menores se apropiaban en esta ocasión de móviles, carteras y otras pertenencias que sus víctimas –principalmente turistas– depositaban incautas en mesas y sillas de los establecimientos hosteleros.
Desde la Fiscalía de Menores, no sólo con la última problemática de los robos en cajeros, llevan tiempo apostando por rebajar la edad penal del menor. El ministerio público es partidario de situar en 12 años la franja a partir de la cual puede actuar la Ley del Menor, "ante la proliferación de delitos violentos protagonizados por menores", como en infinidad de ocasiones han defendido desde la Fiscalía del Tribunal Superior.
La oleada ha desatado la preocupación en las propias entidades financieras. De hecho, hace 15 días Bancaja se dirigió a la propia Fiscalía y al juez decano de Valencia para pedir una solución al respecto.
http://noticias.ya.com/local/valencia/11/10/2007/mafias-captacion-centros.html
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